La agricultura valenciana, especialmente la citrícola y frutícola, trabaja bajo una de las normativas fitosanitarias más estrictas del mundo. No es solo una percepción del sector: la propia Unión Europea se ha fijado como objetivo reducir en un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas químicos antes de 2030, dentro de la estrategia De la Granja a la Mesa.

Este marco regulatorio, pensado para mejorar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, condiciona profundamente la forma de producir en el campo valenciano. El problema aparece cuando esta exigencia no se aplica por igual a todos los productos que llegan al mercado europeo.

Una normativa cada vez más exigente, con menos herramientas

En los últimos años, la normativa europea ha ido restringiendo de forma progresiva el uso de materias activas para el control de plagas y enfermedades. En muchos casos, estas retiradas no han venido acompañadas de alternativas igual de eficaces, lo que obliga al agricultor a trabajar con menos herramientas y asumir mayores costes.

El resultado es un manejo integrado de plagas cada vez más complejo, más técnico y, en muchos casos, menos eficaz desde el punto de vista práctico. El productor valenciano debe invertir más tiempo, conocimiento y recursos para cumplir unas exigencias que no siempre se reflejan en el precio final de su producto.

Importaciones que no juegan con las mismas regals

La principal desventaja competitiva surge cuando entran en juego las importaciones de terceros países que no están sujetas a las mismas limitaciones.

• Muchos tratamientos con materias activas prohibidas en la UE siguen utilizándose en sus países de origen. Y, en muchos casos los residuos de estos en fruta (LMR) son aceptados por la UE, siendo que su utilización está prohibida en el país de destino.
• Los controles en frontera, aunque necesarios, no siempre detectan residuos o plagas emergentes.
• La asimetría regulatoria genera una clara desventaja competitiva para el productor valenciano.

Consecuencias directas en el sector

• Incremento de los costes de producción y reducción de la eficacia en el control de plagas, debido a la eliminación continuada de materias activas.

• Introducción y dispersión de plagas invasoras como Delottococcus aberiae, Thaumatotibia leucotreta, Phyllosticta citricarpa o Scirtothrips aurantii, procedentes de países terceros.

• Distorsión del mercado: los cítricos valencianos compiten en igualdad en los lineales, pero no en igualdad de condiciones productivas.

• Pérdida de competitividad frente a países con normas fitosanitarias más laxas y costes de producción más bajos. 

Conclusión: La reciprocidad como única vía de equilibrio

Ante esta situación, cada vez más voces del sector reclaman aplicar el principio de reciprocidad:
que toda importación cumpla los mismos requisitos fitosanitarios, medioambientales y sociales que se exigen a la producción europea.

No se trata de cerrar mercados ni de frenar el comercio internacional, sino de garantizar reglas justas para todos. Sin reciprocidad, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la viabilidad económica del campo valenciano quedan seriamente comprometidas.

La pregunta final es inevitable:
si las exigencias son globales, ¿por qué las reglas del juego no lo son también?